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Venezuela, Cuba, Honduras y Ecuador en “lista negra” de derechos humanos

23 de abril de 2014

El actual informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca la degradación de la libertad de expresión en América Latina y llama la atención a EE.UU. por la situación de los presos en Guantánamo.

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Joven manifestante contra políticas de Gobierno de Maduro en Venezuela.
Joven manifestante contra políticas de Gobierno de Maduro en Venezuela.Imagen: Leo Ramirez/AFP/Getty Images

La Venezuela de Nicolás Maduro repite en la "lista negra" en la que lleva desde la era del fallecido Hugo Chávez. Y lo hace por las mismas "modificaciones normativas que implican restricciones legales y administrativas que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos" en el país, además de problemas "estructurales" que llevan a la "provisionalidad de jueces y fiscales".

A ello se une un "uso abusivo", a juicio de la CIDH, del derecho penal y la "afectación a la libertad de expresión", junto con otras situaciones coyunturales como las "graves situaciones de inseguridad ciudadana y de violencia en los centros penitenciarios".

Ausencia de elecciones libres en Cuba

Tampoco en el caso de Cuba los motivos para permanecer en la "lista negra" varían sustancialmente de los años anteriores: desde marcadas falencias en la libertad de expresión a la ausencia de "elecciones libres y justas" entre otros debido a la "falta de pluralidad e independencia y la ausencia de un marco de acceso libre a diversas fuentes de información".

La CIDH manifiesta también su preocupación por la continuación en Cuba de la táctica de las "detenciones arbitrarias de corta duración" de disidentes, así como la persistencia de "agresiones físicas, amenazas, hostigamiento y actos de repudio" contra defensores de derechos humanos en la isla.

Y aunque considera como un "avance" frente a la ley anterior la reforma migratoria que entró en vigor el año pasado, destaca que la nueva normativa sigue estableciendo varios supuestos en materia de

"defensa y seguridad nacional" que le permiten al Estado denegar la salida de la isla a un ciudadano cubano.

Intimidaciones públicas a críticos del Gobierno en Ecuador

En el caso de Ecuador, la CIDH denuncia la creciente limitación de la libertad de expresión a raíz de la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en 2013, y por las "declaraciones estigmatizantes" del gobierno de Rafael Correa a través de medios públicos contra quienes "han opinado o informado en forma crítica respecto a actuaciones estatales", entre otros.

En Honduras, que figura en la "lista negra" desde el golpe de Estado que en 2009 sacó del poder al entonces presidente Manuel Zelaya, la CIDH considera algunos de los "efectos o repercusiones" de las violaciones de derechos humanos que se produjeron en aquel entonces "han continuado, persistido y hecho más compleja la situación en el país" centroamericano.

Maltrato a inmigrantes haitianos en República Dominicana

Además, señala con "preocupación" la persistencia de "situaciones estructurales" en materia de situación de seguridad ciudadana, independencia del poder judicial y de otros poderes del Estado, los "altos índices de violencia e impunidad" o la situación de la libertad de expresión.

República Dominicana figura en la lista por la polémica creada respecto al despojo de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de haitianos nacidos en ese país por una decisión del Tribunal Constitucional que ha sido reiteradamente denunciada por la CIDH como una violación al derecho a la nacionalidad y a la no discriminación.

Estados Unidos mantiene presos sin juicio en cárcel de Guantánamo

La Comisión denunció igualmente en su informe, presentado por su presidenta, Tracy Robinson, que Estados Unidos sigue negándose a que el organismo visite la prisión sin restricciones, por lo que ha rechazado su oferta para realizar un viaje al centro de detención pero sin autorización para hablar con los prisioneros.

Entre otros, la Comisión pidió al Gobierno estadounidense de Obama que acelere la liberación de los detenidos a quienes ya se les había aprobado el traslado y que alojara a los presos sometidos a juicio "en condiciones adecuadas de detención, otorgándoles las garantías de debido proceso pertinentes".

JOV (dpa, oas.org)

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