¿Quién vigila al vigilante?

Derege Wevelsiep viajaba en el metro de Fráncfort con su novia cuando, de pronto, un controlador le solicitó, además de su boleto, su documento de identidad. Como Wevelsiep, de origen alemán-etíope, no lo llevaba consigo, el controlador llamó a  agentes de policía, que le ordenaron llevarlos a su casa. El hombre aceptó, y la consecuencia de ese viaje para el hombre de 41 años fue una conmoción cerebral y golpes en todo el cuerpo. Así lo refirió Wevelsiep al periódico Frankfurter Rundschau, diciendo que los policías lo golpearon. Sin embargo, los agentes en cuestión lo niegan.

Según un estudio de Amnistía Internacional sobre la violencia policial en Alemania, no se trata de un caso aislado. AI documenta casos similares y critica que en este país no haya una instancia independiente de vigilancia para controlar los casos de comportamiento policial violento. También el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (UN-CAT) alertó sobre que, tanto a nivel federal como en los distintos Estados, en Alemania son la Fiscalía y la Policía las que investigan ese tipo de denuncias. Además, solo en dos Estados alemanes los policías están obligados a mostrar un carné habilitante.

“No” a la placa identificatoria

Para poder identificar fehacientemente a un policía, en Berlín, por ejemplo, éstos deben llevar un número de cuatro cifras en su uniforme. En Brandenburgo, esta norma se comenzará a aplicar desde el 1º de enero de 2013. “La obligación de llevar una placa identificatoria es condición esencial para que se cumpla con un mecanismo de investigación independiente”, explica Alexander Bosch, vocero del Grupo de Coordinación sobre Policía y Derechos Humanos de AI. Sin embrago, los sindicatos y los consejos de personal de la policía rechazan la normativa, y hasta el momento impiden su aplicación en los 14 Estados restantes, así como en la Policía Federal.

“Estamos en contra de una placa de identificación, especialmente si se trata de una marca numerada o individual”, dijo Bernhard Witthaut, presidente del Sindicato Federal de la Policía, a Deutsche Welle, explicando que eso puede provocar que los policías sean culpados injustamente o se expongan a otros peligros. Witthaut también piensa que la Policía no necesita estar sometida al control de defensores de los derechos de los ciudadanos, ni de organismos de protección contra excesos: “Las estructuras oficiales ya cuentan con instrumentos para aclarar los hechos”.

Alexander Bosch, de Amnistía Internacional, no piensa lo mismo: “Constatamos que muchos procesos contra agentes de policía en Alemania no se llevaron a cabo e incluso se suspendieron”, subrayó Bosch a DW. Por un lado, el problema es que muchos de los policías acusados no pueden ser identificados, y por el otro que “se investiga los delitos muy superficialmente”. El profesor de Derecho Penal Tobias Singelnstein reclama que las Fiscalías archivan un 95 por ciento de los juicios contra policías acusados de agresiones físicas. Y las cifras de la Oficina Federal de Estadísticas confirman este dato: en 2010 hubo 3989 juicios contra policías por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de su profesión, y en casi 3.500 casos ni siquiera se inició juicio.

Tratan de evitar sanciones

“Observamos una cercanía institucional demasiado grande entre la Fiscalía y la Policía”, critica Bosch. Por eso, AI exige no solo que se aplique la obligación de portar una placa identificatoria, sino también que se cree un organismo independiente de control, como ya existe en Gran Bretaña, Francia y Portugal.

El Grupo de Trabajo de Policías Críticos de Alemania también piensa que hay que actuar de inmediato. Tanto los defensores del pueblo como los mecanismos de control independientes son absolutamente necesarios, ya que, según dijo a DW Thomas Wüppesahl, vocero de esa asociación, “actualmente, los organismos de control no funcionan, o funcionan muy mal”. Además, explicó que ve muy pocas posibilidades de que se creen instancias independientes de vigilancia y control, ya que, según él, “la Policía tiene un gran interés en que no se penalice a los colegas, y la clase política no tiene ningún interés en meterse con la Policía”.

Autora: Beate Hinrichs/ CP
Editor: Enrique López