Macro redada policial contra la corrupción en España
27 de octubre de 2014
Un total de 51 políticos, funcionarios y empresarios fueron detenidos hoy en varias provincias españolas en una operación contra una trama de corrupción que abarcaba multitud de ayuntamientos y regiones. No se trata de políticos que intentaban financiar ilegalmente a sus partidos políticos, sino que intentaban lucrarse al ver cercana su salida de responsabilidad. Fuentes jurídicas citadas por el diario ABC sostienen que en el centro de la trama se investigaba a dos "conseguidores": el empresario David Marjaliza, relacionado con Granados, y Alejandro de Pedro Llorca.
Entre los detenidos hay media docena de alcaldes de la región de Madrid y el exvicepresidente de esta comunidad, así como el presidente de la Diputación Provincial de León. Se trata de la llamada Operación Púnica, con registros en Madrid, Valencia, Murcia y León, donde las detenciones se han hecho bajo la acusación de cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras y servicios por valor de 250 millones de euros en tan solo dos años.
Francisco Granados, ex número dos del PP madrileño
El detenido más conocido es Francisco Granados, que durante años fue vicepresidente de la región de Madrid y número dos del Partido Popular (PP) en esta Comunidad. Entre los alcaldes detenidos figuran los "populares" Agustín Juárez, de Collado Villalba (62.600 habitantes) y José Carlos Boza, de Valdemoro (71.500 hab.), así como el socialista José María Fraile, de Parla (125.600 hab.).
Los registros se han dado en otros ayuntamientos, entre los que destaca el de Móstoles (206.000 habitantes), gobernado por el PP. Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías" de las provincias citadas y lograba contratos públicos en "connivencia" con ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.
En dos años, 250 millones de euros
Según la Fiscalía, la trama se habría asegurado el éxito de adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, a cambio de comisiones ilegales, "a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas". Los beneficios eran blanqueados a través de un complejo entramado societario con ayuda de empresas que a su vez también le servían para conseguir los servicios y los contratos contraviniendo la libre concurrencia.
La operación, que ha sido declarada secreta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, continuará en los próximos días, según la Fiscalía Anticorrupción. Los primeros datos apuntan que fue en enero cuando se inició la operación después de que la Audiencia Nacional accediera a una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.
LGC (EFE / ABC)