Fiscalía exculpa al PP de fraude fiscal y certifica "caja b"

La Fiscalía Anticorrupción propuso exculpar de fraude fiscal al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy en el caso que investiga una supuesta financiación irregular en la formación, aunque lp consideró responsable civil por presuntos pagos en negro para reformar su sede en Madrid, atribuidos a dos extesoreros. Así lo apuntó el fiscal en el escrito de acusación notificado hoy en el llamado "caso de los papeles de Bárcenas", que hace alusión a unas notas manuscritas publicadas en 2013 por el diario "El País" en las que el extesorero del PP Luis Bárcenas recogía supuestos pagos irregulares a dirigentes del partido.

Anticorrupción dio por acreditada en su escrito la existencia de una "caja b" del PP "ajena al control del departamento de contabilidad" y presuntamente manejada por los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, quienes estuvieron al frente de las cuentas del partido entre 1990 y 2009. Pidió para ellos cinco años de prisión por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y delito contra la Hacienda pública, según informaron medios españoles.

El juez instructor del caso, Pablo Ruz, apuntó el pasado marzo a la existencia de indicios de que el PP podría haber cometido un delito fiscal por no haber tributado en el año 2008 por una serie de donaciones de empresarios al partido. El fiscal recurrió a la tesis de la Agencia Tributaria, que declaró recientemente que estas donaciones estaban exentas del Impuesto de Sociedades. También recordó que, en caso de haber sido obligatorio tributar por ellas, la cantidad defraudada no llegaría a los 120.000 euros establecidos para ser considerado delito, por lo que entiende que no se puede acusar al PP de delito fiscal.

Tras concluir la instrucción del caso, Ruz dio por acreditada en marzo la existencia de una contabilidad opaca en el PP durante al menos 18 años y propuso juzgar a seis personas por diversos delitos, entre ellas, Bárcenas y Lapuerta. La Fiscalía también reclamó hoy 18 meses de cárcel para el exgerente del Partido Popular (PP) Cristóbal Páez y tres años y diez meses para dos de los responsables de la empresa que llevó a cabo la reforma en la sede nacional del PP (dpa).