Colaboración público-privada: el gran consorcio

En el aula de un colegio, el techo comienza a resquebrajarse, el moho se extiende por las paredes y hace tiempo que la calefacción no funciona. Aunque parezca mentira, este edifico se encuentra en Alemania, al este de Berlín, donde muchas escuelas ofrecen un aspecto completamente abandonado.

A lo largo y ancho del país existen municipios fuertemente endeudados, algunos incluso no tienen suficiente dinero como para pagar a sus funcionarios, acondicionar sus escuelas o equipar los gimnasios con duchas.

¿No hay presupuesto? No hay problema

Un ejemplo: la ciudad de Leverkusen en Renania del Norte Westfalia. Este año acumula un déficit de 44 millones de euros. A pesar de ello, el próximo año se construirán dos centros de educación infantil. Contra todo pronóstico, esta decisión es factible ya que el ayuntamiento no debe desembolsar ni un euro por ello. Los centros infantiles surgen de una asociación público-privada, una colaboración entre empresas privadas y el sector público, que en este caso es representado por la ciudad de Leverkusen. Así, los costes de construcción de las instalaciones corren a cargo de la empresa encargada de la obra. Por su parte, la administración municipal deberá pagar durante 25 años por la gestión de las guarderías.

A través de este tipo de consorcios, el sector privado asume competencias que, en un principio, deberían estar a cargo del municipio, como es el caso de la construcción o el equipamiento de piscinas públicas, carreteras o escuelas.

La pregunta es si es viable esta cooperación entre empresas y municipios, ya que ambos persiguen metas distintas. El ayuntamiento tiene como objetivo principal el bien público, mientras que el sector privado trata de alcanzar el beneficio económico. Una contradicción insuperable, afirman los críticos. Los defensores, por el contrario, ven ventajas en el caso de la adjudicación de contratos. "El sector público dispone solo de un socio privado que asume la responsabilidad en todos los ámbitos", dice Patrick Opdenhövel, del grupo de trabajo de la colaboración público-privada adscrito al ministerio de Hacienda de Renania del Norte Westfalia.

Esto quiere decir que el municipio no tiene que lidiar con obreros ni arquitectos, sino que todo eso queda en manos de la empresa privada que gestiona la obra. La ciudad, por tanto, apenas debe hacerse cargo de nada. "Esto hace que el proyecto adquiera mayor rapidez y sea menos burocrático, al mismo tiempo que garantiza su calidad", sostiene el experto de este consorcio asociado al ministerio de Hacienda de Renania del Norte Westfalia. Además, el socio privado también se encarga de la limpieza y del mantenimiento de las instalaciones.

Condiciones ocultas

"A través del consorcio público-privado todo el proceso de planificación, financiación, construcción y gestión pasa a manos de socios privados", dice Renate Sternatz, del sindicato Verdi. Según Sternatz, el problema de este tipo de asociaciones se encuentra en el tipo de contrato acordado. A menudo, estos se cerraron por un periodo de 30 años y sus condiciones permanecen ocultas a los ciudadanos.

Un ejemplo: la gestión del agua pública de Berlín fue asumida por completo por empresas privadas. A cambio, a esos socios privados se les aseguraba un rédito económico por sus servicios. El resultado fue que el precio del agua se encareció un tercio. Por ello, los ciudadanos berlineses presentaron con éxito una queja contra las condiciones de ese contrato, que hasta ese momento no se habían hecho públicas. En diciembre de 2011, el Servicio Federal de Defensa de la Competencia alemán obligó a las empresas a bajar de nuevo el precio del agua.

Autor: Nikolaus Steiner/ NGR

Editora: Emilia Rojas Sasse