Desaparecidos de Iguala: ¿una herencia del 68?

Si bien en México las desapariciones están a la orden del día, el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Estado de Guerrero, ha causado especial indignación entre la población. En la noche del 26 al 27 de septiembre, agentes de seguridad abrieron fuego contra tres autobuses en los que viajaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Más tarde se produjeron otros dos incidentes en los que también estuvo involucrada la policía, dejando un saldo de seis muertos -tres de ellos estudiantes-, 25 heridos y más de 50 normalistas desaparecidos.

El procurador general de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, dijo que existió “un uso excesivo de la fuerza” por parte de los agentes de seguridad, y confirmó su participación en los ataques. Hasta ahora, han sido detenidos y acusados de homicidio calificado 22 policías de Iguala. Asimismo, se han localizado 14 de los 57 jóvenes desaparecidos, quienes dijeron haberse escondido. No obstante, pese al amplio operativo de búsqueda, cinco días después de la tragedia aún no hay rastro de más de 40 de los presuntos desaparecidos.

Policías dispararon “sin aviso”

La experta en derechos humanos Mónica Oehler Toca, de Amnistía Internacional México, asegura que este caso se diferencia de otros por el número de víctimas, la agresividad del ataque y por la clara actuación de policías municipales, “pocos meses después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto informara que las desapariciones eran un tema prioritario para México”.

“Se trata de violaciones graves a los derechos humanos, cometidas directamente por la policía municipal y por omisión de autoridades estatales y federales, que no garantizaron la integridad de las personas atacadas. Los policías dispararon directamente, sin aviso, sin responder a ninguna agresión, simplemente atacaron a los estudiantes, utilizando armas sin importar las consecuencias”, afirma en declaraciones a DW.

La experta añade que no se trata de un caso aislado en México. En diciembre de 2011, por ejemplo, en un intento de desalojar una autopista, tres normalistas perdieron la vida. También se documentaron casos de detenciones arbitrarias, de tortura y de tratos graves e inhumanos. Estos hechos han quedado impunes.

¿Herencia del 68?

Según Oehler Toca, las protestas sociales se criminalizan cada vez más en México. “Recientemente se han publicado diversas leyes -en los Estados de Puebla, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, así como en el Distrito Federal- que restringen el derecho a la protesta hasta hacerlo casi inaplicable, autorizando el uso de 'armas no letales' como balas de goma. La respuesta de varias policías en las marchas es criminalizar, asustar y detener a gente inocente acusándola de 'ataques a la paz pública'”, explica.

Este jueves (2.10.2014) se cumplen 46 años de la Matanza de Tlatelolco, en la que el gobierno mexicano reprimió con brutalidad el movimiento estudiantil. Se estima que más de 200 personas murieron en aquel entonces. Ante la reciente tragedia en Iguala, cabe preguntarse si en México nuevamente se hace uso de la fuerza desmesurada para acabar con las protestas, como ocurrió en 1968 bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz.

Lentas investigaciones

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, pidió licencia a su cargo por 30 días a fin de que “las investigaciones no sean entorpecidas”. Activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas van más allá y demandan su destitución, así como la del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

La experta de Amnistía Internacional México insiste en que se debe hacer una investigación seria, imparcial y efectiva para esclarecer los hechos y asegurar que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la Justicia. “Esperamos que no pase como en la mayoría de los casos en México, que quedan en completa impunidad”, agrega.

Oehler Toca señala que hasta ahora las investigaciones han sido lentas: “La Procuraduría General de la República ya tiene conocimiento del caso, por lo que se espera que las investigaciones puedan avanzar más rápido”. Aún no se ha descartado que el crimen organizado esté involucrado. En declaraciones al diario La Jornada, un exfuncionario municipal de Iguala aseguró que más de la mitad de los agentes municipales están bajo las órdenes del grupo delincuencial “La maña”.

Por lo pronto, continúa la búsqueda de los presuntos desaparecidos. En caso de que no se logren localizar, se tendría que "ejercer acción penal por el delito de desaparición forzada" contra los policías involucrados, señaló el procurador general de Justicia de Guerrero.