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Corte internacional insta a Rusia a devolver barco neerlandés

22 de noviembre de 2013

El Tribunal Internacional del Mar exige a Rusia que devuelva bajo fianza el barco Arctic Sunrise, de bandera neerlandesa, y libere a sus treinta ocupantes, pero Moscú se niega a reconocer la decisión de la corte.

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Imagen: picture-alliance/dpa

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa informó que no reconocería la decisión del Tribunal Internacional del Mar, dictada este viernes (22.11.2013) en Hamburgo, que insta a Moscú a devolver bajo fianza el barco Arctic Sunrise, de bandera neerlandesa, y liberar a sus treinta ocupantes. Rusia no reconoce la competencia de esta corte alemana en el caso de la nave detenida el 18 de septiembre en el Ártico, donde su tripulación protestaba en nombre de la organización ecologista Greenpeace contra la explotación petrolera en la zona.

Aunque Rusia ratificó parcialmente el acuerdo sobre derecho marítimo internacional en 1997, Moscú subrayó que estudiaría la decisión del Tribunal Internacional del Mar y enviaría una respuesta, pero no reconocería ningún veredicto que limite su soberanía nacional. Rusia insiste en que, con sus actividades de protesta en el Ártico, la tripulación del Arctic Sunrise violó la legislación rusa e internacional. Por su parte, los magistrados de Hamburgo hicieron hincapié en que su sentencia era vinculante y de aplicación inmediata.

Un veredicto “vinculante”

El tribunal fijó el monto de la fianza en 3,6 millones de euros, suma que el Gobierno neerlandés debe depositar como garantía bancaria en Rusia. Los Países Bajos acudieron a la corte para reclamar por los activistas y por el barco. El presidente de esa corte internacional, el juez japonés Shunji Yanai, anunció que la solicitud de Holanda fue aprobada por diecinueve votos a favor y dos en contra. Rusia boicoteó el proceso iniciado hace dos semanas, pero desde entonces liberó bajo fianza a casi todos los detenidos.

Entre los liberados figuran la brasileña Ana Paula Maciel y los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi. Los activistas habían quedado en prisión preventiva acusados de piratería. Poco después la corte rebajó la causa a vandalismo, un cargo con una pena máxima de siete años de cárcel.

ERC ( dpa / Reuters )